Señoríos y realengo: quién manda en la tierra del rey

En la Castilla del siglo XV, la pregunta más importante que podía hacerse un vecino no era quién reinaba, sino quién mandaba en su ciudad. La distinción entre señorío y realengo determinaba casi todo: los impuestos que se pagaban, la justicia que se recibía, las libertades de las que se gozaba y las arbitrariedades que había que soportar.

El señorío: jurisdicción delegada

Un señorío era, en esencia, una porción del reino donde el rey había cedido su jurisdicción a un noble. El señor --marqués, duque, conde-- no era propietario de la tierra en sentido moderno, pero ejercía sobre ella funciones que hoy asociamos al Estado: nombraba jueces, cobraba tributos, reclutaba soldados, regulaba el comercio. A cambio, debía fidelidad al monarca y la obligación teórica de mantener orden y justicia en sus dominios.

En la práctica, el señor gobernaba como un pequeño soberano. Sus vasallos no tenían acceso directo al rey para quejarse de abusos; la cadena de autoridad pasaba obligatoriamente por el señor. Esto generaba situaciones de enorme desigualdad: un señor benévolo podía ser mejor gobernante que un corregidor real corrupto, pero un señor tiránico no tenía contrapeso efectivo.

El realengo: la jurisdicción directa del rey

Las ciudades de realengo dependían directamente de la Corona. Sus vecinos pagaban tributos al rey, no a un intermediario nobiliario, y sus pleitos podían escalarse hasta la Chancillería real. El realengo no significaba libertad --nadie era libre en el sentido moderno--, pero sí implicaba un marco jurídico más predecible y la posibilidad de apelar ante una autoridad superior.

La distinción entre señorío y realengo no era permanente. Una ciudad podía pasar de un régimen a otro según las circunstancias políticas, las deudas de la Corona o las ambiciones nobiliarias.

El caso de Cádiz: ida y vuelta

Cádiz ilustra perfectamente esta fluidez. Durante buena parte del siglo XV, la ciudad estuvo bajo el señorío del Marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León, que la gobernaba como parte de su extenso dominio en la baja Andalucía. Los vecinos de Cádiz --entre ellos mercaderes como Pedro Galíndez y artesanos como Antón Bernal-- vivían bajo la jurisdicción del Marqués, lo que significaba que sus negocios, sus pleitos y sus impuestos pasaban por manos señoriales.

Tras la muerte del Marqués, Cádiz revirtió al realengo. Para los vecinos, esto suponía un cambio sustancial: acceso directo a la justicia real, eliminación de ciertos tributos señoriales y, sobre todo, la esperanza de que la Corona protegiera el comercio atlántico de la ciudad frente a las ambiciones de otros nobles. Pero el realengo también significaba menos protección militar inmediata y la obligación de negociar directamente con una burocracia real lejana y lenta.

Jerez: el dominio del Duque

Jerez de la Frontera, a pocas leguas de Cádiz, vivía una realidad distinta. Bajo la influencia del Duque de Medina Sidonia, la ciudad funcionaba como centro de un señorío que controlaba recursos cruciales: las almadrabas del golfo, las salinas, las rutas comerciales hacia el Estrecho. La rivalidad entre el Marqués de Cádiz y el Duque de Medina Sidonia no era solo una cuestión de honor nobiliario: era una competencia feroz por el control de la economía atlántica andaluza, y las ciudades bajo su jurisdicción eran las piezas del tablero.

Donde manda el Marqués no manda el Duque, y donde manda el Duque no entra la justicia del Rey sino cuando le conviene al Duque.

El modelo canario: señorío contra realengo en las islas

En Canarias, la tensión entre ambos regímenes se manifestó con claridad meridiana. Las islas orientales --Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera-- fueron conquistadas como señoríos privados. Beatriz de Bobadilla, señora de La Gomera, ejercía una autoridad casi absoluta sobre su isla: nombraba oficiales, administraba justicia, controlaba el comercio y gestionaba la mano de obra aborigen con mano dura. Los abusos señoriales en La Gomera fueron notorios, incluyendo la represión brutal de las revueltas gomeras.

Las islas occidentales --Gran Canaria, La Palma, Tenerife--, en cambio, fueron conquista realenga. Los Reyes Católicos se reservaron la jurisdicción directa, nombraron gobernadores y establecieron cabildos. La diferencia se notaba: los colonos de las islas de realengo tenían más recursos legales para defenderse de los abusos de los conquistadores, aunque la distancia con la Corte hacía que la justicia real llegara tarde y mal.

Lo que significaba para la gente común

Para un mercader, un artesano o un labrador del siglo XV, la diferencia entre señorío y realengo era concreta y cotidiana. En el señorío se vivía más cerca del poder --para bien y para mal--: el señor podía ser protector o tirano, pero estaba presente. En el realengo, el poder era más impersonal y predecible, pero también más distante. La aspiración de muchas ciudades de pasar a realengo reflejaba una preferencia generalizada por la ley del rey frente al capricho del señor, aunque esa ley fuera imperfecta. En la Castilla de finales del XV, donde manda no era solo una cuestión de protocolo: era la pregunta que decidía la vida de la gente.